El Gobierno volvió a encender la tensión política al avanzar, una vez más en soledad, con la Reforma Laboral. En una mañana cargada de fricciones en Casa Rosada, el Consejo de Mayo decidió adelantar la presentación del documento final para el 9 de diciembre, evidenciando el apuro oficial por imponer una “modernización laboral” que casi ningún sector acompaña.
La reunión, liderada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, reunió a representantes del Ejecutivo, las provincias, el Congreso, la UIA y la CGT. Sin embargo, lejos de acercar posiciones, el encuentro confirmó que cada parte empuja para su lado mientras el Gobierno escribe el proyecto a puertas cerradas. Federico Sturzenegger marcó la línea dura del Ejecutivo, que ya admite que, si no hay consensos, avanzará con su propio texto.
Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA, expresó su disconformidad antes de ingresar: “Queremos modernizar sin perder derechos”. Pese a su advertencia, desde la Casa Rosada insisten en que los gremios rechazan incluso sin conocer el documento completo, que el Gobierno aún no termina de mostrar.
Mientras Cristian Ritondo asegura que existen “acuerdos estructurales”, las diferencias de fondo siguen intactas. Además, quedaron fuera del debate temas clave como coparticipación y reforma previsional, reclamos urgentes de las provincias que el Ejecutivo decidió postergar indefinidamente.
Los capítulos que prepara el Gobierno —ultraactividad, convenios colectivos, cargas fiscales, derechos colectivos, trabajo individual, financiamiento sindical y más— anticipan fuertes tensiones con el sector laboral.
Aunque el oficialismo dice no querer romper con los gremios, cada movimiento profundiza la distancia. El 9 de diciembre será el anuncio final, pero crece la incertidumbre sobre qué impacto tendrá una reforma acelerada, sin consensos y en un país ya al límite de su resistencia social.
