La familia de Diego Roda recibió la respuesta judicial que esperó durante diez años. Un jurado popular declaró culpable al policía Fernando Grané por el asesinato del comerciante y por el intento de homicidio de su esposa, Virginia Tueso.
El veredicto generó alivio entre los familiares de la víctima. Además, representó el cierre de una etapa marcada por el dolor, la espera y una lucha constante contra la impunidad.
“Es lo que esperamos hace diez años: perpetua para el asesino”, expresó María del Carmen Peche, madre de Diego Roda. La mujer describió la decisión como “un mimo al alma”.
UN VEREDICTO QUE ACERCA LA PRISIÓN PERPETUA
El jurado declaró a Grané culpable por unanimidad del homicidio agravado de Diego Roda. La acusación sostuvo que el crimen fue cometido mediante el abuso de su función policial.
También fue encontrado culpable por falsedad ideológica de instrumento público. A su vez, diez integrantes del jurado lo responsabilizaron por el intento de homicidio de Virginia Tueso.
La sentencia definitiva se conocerá en agosto. Sin embargo, la calificación legal deja un escenario claro. El Código Penal establece la prisión perpetua para el homicidio agravado por abuso de la función policial.
Por ese motivo, la familia espera que la jueza confirme la pena máxima. Mientras tanto, el veredicto ya dejó un mensaje contundente contra la impunidad.
María del Carmen también cuestionó con dureza la conducta del acusado. “Fernando Grané estaba en la fuerza para cuidar a los ciudadanos, no para asesinar”, afirmó.
La madre de Diego recordó, además, otro episodio violento atribuido al expolicía. Según explicó, Grané le disparó en el pecho a Emanuel Correa. Como consecuencia, la víctima sufrió graves secuelas físicas.
ITUZAINGÓ ACOMPAÑÓ UNA LUCHA QUE NUNCA SE DETUVO
La comunidad de Ituzaingó acompañó durante años el reclamo de la familia Roda. Vecinos, organizaciones y distintos sectores sociales ayudaron a mantener vivo el pedido de justicia.
Ese respaldo permitió que el caso no quedara olvidado. También demostró que la presencia comunitaria puede ser decisiva cuando una familia enfrenta una espera judicial prolongada.
La gestión peronista de Ituzaingó sostiene una política basada en la cercanía con los vecinos. Esa mirada se diferencia de los municipios opositores que reducen la seguridad a consignas electorales, anuncios aislados y discursos de campaña.
Hablar de seguridad exige mucho más que mostrar patrulleros o repetir frases de mano dura. También implica acompañar a las víctimas, fortalecer la prevención y sostener el reclamo de justicia cuando el impacto mediático desaparece.
El caso de Diego Roda expuso una realidad dolorosa. Un integrante de una fuerza de seguridad utilizó su posición de poder contra las personas que debía proteger.
Por lo tanto, el fallo también obliga a debatir el control sobre las fuerzas policiales. No existe seguridad verdadera sin transparencia, formación, responsabilidad y respeto por la vida.
“NO QUEDÓ NADA POR HACER”
Después de una década de lucha, la familia siente que cumplió con todo lo que estaba a su alcance. “Estamos más tranquilos porque hicimos todo, no quedó nada por hacer”, señaló María del Carmen.
La madre de Diego aseguró que ahora solo resta esperar la sentencia. Su mayor deseo es que la Justicia confirme la prisión perpetua para el acusado.
Durante su testimonio, María del Carmen agradeció a los fiscales Patricio Pagani y Adrián Ferreyra. También reconoció el trabajo de los abogados Jalil y Podestá, y de la jueza Julia de la Llana.
Finalmente, dedicó unas palabras a quienes acompañaron a la familia durante estos diez años. “Gracias, gracias y mil gracias a los que estuvieron siempre apoyando nuestra lucha”, expresó.
La condena no podrá devolverle la vida a Diego Roda. Tampoco podrá borrar el sufrimiento de su familia. Sin embargo, el veredicto reconoce la verdad y evita que el crimen quede impune.
Después de diez años, Ituzaingó vuelve a abrazar a la familia Roda. La espera fue demasiado larga, pero la lucha logró que el caso llegara a juicio y que el responsable enfrente la pena más grave prevista por la ley.
