En una medida que sacude el tablero político del conurbano, la gestión peronista de Ituzaingó logró sancionar una reforma fiscal disruptiva: bajarle los impuestos a los que menos tienen. Mientras otros municipios compensan el ajuste nacional exprimiendo al vecino, a nivel local se blindó a las familias y comercios de barrio.
La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes dio luz verde este martes 16 de junio a las modificaciones de la Ordenanza Fiscal Impositiva. El dato político de la jornada no solo fue la victoria de la equidad, sino la postura de los bloques opositores.
Con 24 votos a favor de Fuerza Patria, el oficialismo logró imponer una agenda de protección ciudadana. En la vereda de enfrente, los 12 votos en contra de LLA y el PRO dejaron en evidencia un modelo claro: mientras los municipios y la política de derecha defienden el ajuste y la presión desmedida sobre el ciudadano de a pie, Ituzaingó elige el camino inverso, transformándose en un escudo contra la crisis económica nacional.
Alivio directo al bolsillo: Los verdaderos beneficiados
La administración local diseñó esta herramienta para garantizar la sostenibilidad financiera sin golpear a los sectores más vulnerables. La nueva ordenanza impacta directamente en la vida cotidiana con tres grandes medidas:
- Jubilados protegidos: Ningún adulto mayor pagará más del 5% de sus ingresos totales en concepto de servicios generales. Una decisión tajante para evitar que la carga fiscal ponga en riesgo el plato de comida o los medicamentos de quienes trabajaron toda su vida.
- Oxígeno para el almacén de barrio: Los comercios de cercanía que venden alimentos (con facturación anual inferior a $600 millones) tendrán un fuerte respiro. Su alícuota en la Tasa de Seguridad e Higiene bajará al 4‰, quedando por debajo del régimen general del 6‰.
- El sueño de la casa propia: Las familias que necesiten construir o regularizar una vivienda unifamiliar de hasta 150 metros cuadrados contarán con una drástica rebaja en los montos por metro cuadrado.
Justicia tributaria: Que paguen los que más tienen
La premisa de la nueva normativa es que el esfuerzo fiscal no puede recaer sobre los trabajadores. Bajo un principio de capacidad contributiva real, el municipio rediseñó las cargas para que los sectores de mayor facturación aporten de manera proporcional.
A partir de ahora, los Grandes Contribuyentes que abonen más de $1.000.000 mensuales en Seguridad e Higiene dejarán de pagar sumas fijas en la Tasa de Protección Ciudadana, pasando a tributar una alícuota del 10% sobre lo liquidado. Asimismo, se actualizó el sistema para alcanzar a los sectores de mayor rentabilidad tecnológica, incorporando el cobro por HUBs de fibra óptica y nodos de conectividad.
Hacia una administración del siglo XXI
Más allá del alivio económico, la reforma trae consigo una batería de incentivos pensados para el vecino cumplidor. El municipio premiará el pago adelantado (tanto semestral como anual) y fomentará la adhesión al débito automático, agilizando y modernizando el sistema de recaudación.
El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan Manuel Alvarez Luna, fue categórico al definir la jornada: esta reforma representa un avance definitivo hacia un Estado municipal más eficiente. Una política pública concreta que fomenta la formalización de la economía barrial y asegura, de una vez por todas, que en Ituzaingó el esfuerzo esté distribuido con estricta justicia social.
